En la última sesión de esta Junta realizamos un pedido de informes a la Intendencia sobre el ingreso de personal. A partir de la información remitida, observamos que, desde la entrada en vigencia de la nueva ley en diciembre, se han realizado 149 ingresos por contratación directa.

Y lo primero que queremos señalar es esto: hay una regla clara, y no se está cumpliendo.

Porque desde diciembre rige una ley que establece que el ingreso a la función pública debe hacerse por concurso o, de forma excepcional, por sorteo.

 Esta ley está para algo muy concreto: emparejar la cancha. Para que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a un trabajo en el Estado.

Cuando hay concursos, cualquiera puede presentarse en igualdad de condiciones. Cuando eso no pasa, esa igualdad no existe.

Además, muchos de estos ingresos se corresponden con personas vinculadas a un sector político. Cuando los recursos del Estado son de todos, no pueden usarse con una lógica partidaria.

La pregunta es ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a seguir utilizando este tipo de mecanismos, dejando de lado reglas que están justamente para garantizar transparencia?

Y esto no lo traemos para personalizar ni para señalar a nadie en particular, sino porque creemos que esta forma de manejarse —sin reglas, a dedo, según convenga— termina generando más desconfianza en la política y desigualdad en los sorianeses.

Que mis palabras pasen a la comisión de legislación de Diputados.

A la comisión de legislación del Senado.

Y a la Presidenta de la Asamblea General.